La dizque oposición reprimiendo la desobediencia civil no violenta

La dizque oposición reprimiendo la desobediencia civil no violenta

(25/ FEB/ 2017) / Gerardo Fernández Noroña - Web Oficial

Compartir en facebook Compartir en Twitter Compartir en Twitter

facebook.com/fernandeznorona

Desde hace tres años, hemos promovido la desobediencia civil no violenta manifestada en el no pago de los impuestos. Iniciamos no pagando los impuestos en los alimentos, que bajo la mascarada de supuesta preocupación por la salud del pueblo de México, impusieron en una parte de éstos. El IEPS de un peso por litro a los llamados refrescos no ha modificado en nada el consumo del pueblo mexicano.

Somos el principal consumidor de refrescos del mundo, en especial de la Coca-Cola. Ello ha contribuido en buena medida a que siete de cada diez mexicanos tengan obesidad; treinta y tres millones de mexicanos padezcan diabetes, con el riesgo de amputaciones, ceguera y lo que es más grave, de necesitar tratamientos renales. Diez millones de niños sufren de obesidad y diez millones de mexicanos recibe tratamiento de diálisis renal. Cómo puede observarse, el impuesto no inhibió el consumo de este veneno disfrazado de alimento y si en cambio, abrió la puerta para imponer cargas tributarias en todos los alimentos.

Por otra parte, también desde hace tres años promovimos con el ejemplo, el no pago de los impuestos en las gasolinas. Combatiéndo lo gasolinazos famosos, una y otra vez demostramos que se podía realizar la protesta de no pagar los impuestos incluidos en las gasolina. Como no lográbamos que se generalizara la protesta, intentaban chantajearnos diciendo que sería el despachador el que acabaría pagando esos impuestos no cubiertos.

A partir de la rebelión desatada por el bárbaro aumento a la gasolina en enero de 2017, la gente ha venido buscando formas de protesta que evidencien su repudio a esta política impopular. En ese marco, poco a poco cada vez más gente ha decidido usar la desobediencia civil no violenta negándose a pagar los impuestos en las gasolinas y ahora pretenden chantajearnos con que será el gasolinera, un particular, el que pague los impuestos no cubiertos por la desobediencia civil.

La verdad es que nosotros no le pedimos a los gasolineros que realizara la labor de recaudadores de impuestos. También es verdad que si nosotros logramos que la mayoría de la gente no realice el pago de los impuestos en las gasolinas, los gasolineros no tendrían más remedio que plantarle cara a hacienda y decirle que hay una rebelión del pueblo y que, ellos no pueden obligar a la gente a pagar los impuestos integrados en las gasolinas. Ello llevaría inevitablemente a un quiebre más político que económico del actual gobierno, que encabeza Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, el gobierno no sólo ocultó la mayor parte de los impuestos que las gasolinas contienen, sino que además los incluyó en el precio de la gasolina (los tres IEPS mínimo alcanzan el 30% del precio de las gasolinas). No conforme con ello, el gobierno federal le carga el IVA a los impuestos incluidos en el precio de la gasolina, con lo cual cobra un IVA ilegal de cerca del 18% y no del 16%, como está establecido en la ley.

En este marco, cada vez más personas se han determinado a no pagar los impuestos en las gasolinas. Acuden a la gasolinera, dan la cara y se plantan negándose a pagar los impuestos. La respuesta ha ido siendo cada vez más represiva.

Los administradores de las gasolineras han recibido la instrucción de exigir que la policía detenga a los desobedientes civiles. La detención es ilegal, pues si bien el no pago de los impuestos es una desobediencia a la ley, no es un delito.

Lo que ha venido sucediendo es que se invoca el delito de fraude, que si se revisa el código penal federal se puede percibir con claridad que no encuadra con el no pago impuestos en las gasolinas. De cualquier manera, lo más que la policía podría hacer es presentar a los desobedientes civiles y al gerente de la gasolinera ante el ministerio público, para que éste determine lo conducente.

En varios lugares, gobiernos surgidos de la oposición, los policías a su cargo, presentan a los desobedientes civiles pero los tratan como detenidos, a saber: los esposan y los llevan a los separos. Este es un acto cobarde, prepotente, violatorio de los derechos humanos de los presentados y que lesiona su dignidad. Bajo ninguna circunstancia deberían ser tratados como presuntos delincuentes. No conformes con ello, los ministerios públicos tratan de amedrentar a los presentados para que se dobleguen ante las exigencias del administrador de la gasolinera.

En este marco, se han dado dos escenarios: que los desobedientes civiles acaban cediendo y pagan los impuestos que se habían negado a cubrir o que no los paguen. En ambos casos son liberados.

Pero ahora vale la pena hablar en concreto. En el Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, su policía, presentó a Luis García ante el ministerio público en la delegación Venustiano Carranza y a la fecha, existe un proceso abierto contra este compañero. Podría ser el primer caso de un preso político en el país por no pagar los impuestos correspondientes a la gasolina.

En la ciudad de Chihuahua, la policía de la capital de ese estado, esposó a Mirna Villalba, frente a sus pequeños hijos y a su marido y se la llevó para ser presentada ante el MP, acusada de fraude. Villalba después de varias horas retenida, pagó la totalidad de los impuestos y a pesar de ello, se le había mantenido abierto un expediente. Cuando acudí a la oficina de la alcaldesa y fui atendido por el secretario del ayuntamiento, César Jáuregui, este reconoció que se había cometido un error y un exceso y que, tomarían cartas en el asunto.

En el caso de Tijuana, Moisés Ramírez, Teodula Ovando Pérez, Luis Armando Morales del Barco y Víctor Alonso Padilla Valenzuela fueron detenidos y presentados ante un juez municipal. El alcalde Juan Manuel Gastelum negó que los hubiesen detenido, a pesar de todas las evidencias en contrario. Cuando hablamos con el secretario del ayuntamiento de Tijuana, hace unos días, se volvieron a escudar en el eufemismo de que habían sido presentados y no detenidos y, justo reclamamos el hecho de que fueran tratados como detenidos, es decir, fueron esposados y llevados a los separos. El secretario reconoció que se había dado un trato abusivo y se comprometió a hacer la investigación correspondiente.

Ayer tocó el turno al gobierno priísta de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, y al gobierno dizque independiente de Jaime Rodríguez en Nuevo León. Los compañeros Miguel Angel Jiménez Cortez, Israel Ovalle Martínez, Alberto Ricardo Fuentes Coronado y Daniel Alejandro Tinajero Garza, fueron detenidos por la policía de Monterrey. Se lo llevaron esposados ante el ministerio público quien los amagó con acusarlos de fraude. Pasaron toda la noche y parte de la mañana de hoy recluidos en los separos de la fiscalía del Estado. Fueron liberados después de pagar 4500 pesos, una cantidad muy superior a lo que habían cargado de gasolina.

En este último caso, el nivel de arbitrariedad de la policía de Monterrey, del ministerio público y del grupo gasolinero Orsan es verdaderamente bestial. No sólo se violaron sus derechos humanos, se realizó un abuso autoridad, sino que se les sometió a un chantaje y a un franco robo.

Iré a Monterrey a la primera oportunidad a reclamar a las oficinas del alcalde y del desgobernador de Nuevo León este trato brutal en contra de desobedientes civiles. Acudiré también en esa oportunidad a cargar gasolina y no pagar los impuestos correspondientes a la gasolinera de Insurgentes 3991 colonia colinas de San Jerónimo en Monterrey. Pero por lo pronto, pido a la gente de Monterrey que boicotee esa gasolinera y no consuma combustible en la misma.

Es una verdadera vergüenza que gobiernos surgidos desde la oposición, con apoyo popular en la búsqueda de un gobierno comprometido con su pueblo, sean los principales instrumentos al servicio del gobierno vendepatrias de Enrique Peña Nieto. Otro ejemplo de esta conducta servil hacia el gobierno federal la ha manifestado el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien ha amenazado con aplicar la ley contra los desobedientes civiles, sin enterarse de que lo más que puede hacer en su papel de perro de caza, es presentar ante el MP a quienes nos negamos a pagar los impuestos, no puede hacer más que eso. Y es lamentable, al igual que los ejemplos anteriores, que un gobierno surgido de la oposición se preste a hacerle la tarea sucia al gobierno federal. El de Guadalajara es un gobierno de Movimiento Ciudadano; el de Chihuahua y Tijuana de Acción Nacional; el del D.F. del PRD, PT y MC y, finalmente, el de Nuevo León es un gobierno independiente. De todos los casos aquí citados, el único gobierno priísta es el de Monterrey.

Como podemos observar, es realmente grave que quien se esté prestando a realizar la represión en contra de la desobediencia civil no violenta sea la supuesta oposición. Y más lamentable lo es que se estén haciendo detenciones ilegales, brutales, violatorias de derechos humanos y que buscan a lesionar la dignidad y desalentar la protesta ciudadana.

Así las cosas, lo que debemos hacer es profundizar y generalizar la desobediencia civil no violenta. Debemos lograr que el próximo 18 de marzo, que se cumplen 79 años de la expropiación petrolera, se realice una protesta generalizada en todo el país donde cientos de miles si no es que millones, acudan a cargar gasolina y nos paguen los impuestos respectivos. Si esto sucede, al gobierno de cualquier nivel no les alcanzará la policía y le quedará claro al gobierno federal, que se está enfrentando una rebelión no violenta del pueblo y que sus días están contados. Sé que estoy pidiendo que pongan en riesgo su libertad y sé también que de hacerlo, el pueblo demostrará su verdadero poder y entonces su fuerza será incontenible y la transformación en beneficio de la gente se llevará a cabo en un plazo mucho más breve y de una forma menos cruenta que si la rebelión fuese violenta.

Así que a prepararnos para una muy fuerte protesta de desobediencia civil no violenta el próximo 18 de marzo.

"El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz".

Gerardo Fernandez Noroña.

México D.F. a 25 de febrero de 2017. -